martes, 7 de diciembre de 2010

La huelga de controladores y la negociación

La huelga de los controladores aéreos está siendo toda una lección sobre estrategia. Lógicamente, sabemos poco sobre el desarrollo de las sesiones de negociación antes de estallar el conflicto, y las versiones que podemos recibir pueden no ser fiables. En cambio, al pasar las partes a los hechos, los espectadores (y víctimas, en muchos casos) podemos ver más detalles.

La discusión sobre las horas de trabajo de los controladores ya mostró apuestas de unos y otros. El gobierno decidió limitar las horas de trabajo para reducir los ingresos de los controladores. Por otra parte, el gobierno anunció la privatización de la gestión de los aeropuertos. Es previsible que la gestión privada comporte nuevas fórmulas de presión sobre los controladores y les obligue a seguir reduciendo sus condiciones salariales.

Los controladores confiaron en que el paso del tiempo iría agotando las horas de trabajo disponibles hasta que los controladores tuvieran que quedarse en casa. Esta estrategia debía producir sus efectos antes de final de 2010. El calendario parecía favorecer a los controladores, ya que el gobierno no tenía tiempo de aplicar la privatización antes de Navidad. El riesgo de paralización del control aéreo en una época de vacaciones obligaría al gobierno a negociar condiciones que protegieran a los controladores del nuevo régimen.

El gobierno reaccionó a la estrategia de los controladores cambiando la regulación de la jornada de trabajo. Sin duda, pretendía impedir el agotamiento de las horas laborables dentro del año y vaciar así de contenido la presión de los controladores.

Esto explica la indignación de los controladores. Su estrategia de presión estaba a punto de fracasar, dejando al gobierno las manos libres para seguir presionándoles con la gestión privada.

La reacción de los controladores parece bastante irreflexiva. Al ir a la huelga salvaje seguramente pensaron que el gobierno se vería obligado a ceder. El gobierno, sin embargo, con una energía hasta ahora desconocida, decidió aguantar el envite y apagarle el farol a los controladores. Parece que, con la militarización del control aéreo, el gobierno ha conseguido el apoyo de la opinión pública, lo que le inmuniza frente a las consecuencias de la huelga. Al mismo tiempo, la gravedad de las sanciones a las que se enfrentaban los controladores ha quebrado la huelga. En este momento, los controladores no tienen herramientas de presión disponibles.

A los controladores, el tiempo se les acaba. El gobierno puede pedir a las Cortes una prórroga del estado de alarma hasta que pase la Navidad. Viendo la rapidez con que ha conseguido reaccionar, es más probable que el gobierno levante el estado de alarma, incluso antes de agotar los quince días, y se guarde la posibilidad de volverlo a decretar si los controladores quieren ir a la huelga.

Los controladores, por su parte, han quedado en muy mala posición. No pueden convocar una huelga mientras se mantenga el estado de alarma. Incluso si se levantara, tendrían que dar un preaviso, lo que daría tiempo al gobierno para reaccionar. Nos podemos imaginar una sesión del Congreso el mismo día del inicio de la huelga, con los diputados debatiendo en televisión qué se hace con los controladores. No creo que los controladores se arriesguen.

Así pues, los controladores tienen pocas esperanzas de volver a negociar nada con el gobierno antes de Reyes. Para entonces, tendrán dos problemas muy serios. Por una parte, la privatización estará avanzando, con el apoyo de la opinión pública. Por otra parte, tendrán que negociar la retirada de los despidos que se hayan producido o se vayan a producir. En ambos aspectos, el gobierno lleva las de ganar. El próximo convenio de los controladores les será mucho menos favorable que el actual.

La huelga de controladores y el derecho de huelga

Quien más quien menos, todo el mundo espera que el gobierno sancione a un gran número de controladores. Se habla de 440, y hasta de 500. Dada la gravedad de los hechos, parece lógico que los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo con falsos pretextos sean despedidos. Sin embargo, la cosa puede no estar tan clara.

Hasta ahora, el sindicato de controladores (USCA) está manteniendo que no convocó ninguna movilización, y que los trabajadores actuaron individualmente. No sé si esta línea de defensa será muy acertada. Al fin y al cabo, el sindicato sí convocó asambleas (que se le pudieron ir de las manos, desde luego) y también dio publicidad a algunos aspectos del paro, como la previsión de agotamiento de las horas laborables en Santiago. El hecho es que el paro fue muy amplio y fue simultáneo, lo que da a entender que se trató de una acción concertada.

Me parece más intrigante la defensa contraria: que sí se trató de una huelga, aunque no respetara los cauces legales. La huelga es un derecho constitucional y, por lo tanto, los tribunales deben interpretar restrictivamente cualquier limitación a su uso, incluida la sanción por el exceso en su ejercicio. El despido es la máxima sanción dentro del ámbito laboral. Podría darse el caso de que los tribunales piensen que la Constitución le da a los huelguistas algún amparo, siquiera parcial y, por tanto, consideren que la sanción no ha de ser la máxima posible.

El problema es que, una vez decidido el despido, los jueces no pueden sustituirlo por una sanción más leve; sólo pueden convalidarlo o revocarlo.

Los aeropuertos ya tienen una experiencia con el envío a los jueces de una patata caliente. La invasión de las pistas del aeropuerto del Prat ya se saldó con despidos que luego fueron revocados por la justicia.

La huelga de controladores y la baja médica

De acuerdo con las informaciones publicadas en los diarios, el pasado viernes el 70% de los controladores aéreos que estaban de servicio abandonaron sus puestos de trabajo, aduciendo que no se encontraban en condiciones psicofísicas para trabajar. El resultado fue la paralización total del servicio.

Aparte del comprensible enfado de la ciudadanía, incluidos los no afectados, hay unos cuantos aspectos interesantes en este conflicto.

El comportamiento individual de cada controlador que abandonó el servicio, en principio, es causa de despido disciplinario. Se ausentaron del puesto de trabajo sin previo aviso, sin justificación y con un perjuicio muy grave para el servicio. Además, parece que se trata de una acción concertada, lo que aún es más grave.

La justificación que ofrecieron es muy típica de los conflictos laborales en España: que estaban enfermos. Es muy corriente que los trabajadores que mantienen un conflicto con la empresa se nieguen a ir a trabajar y acudan en cambio al médico para que les dé la baja. Los médicos del seguro suelen ser extraordinariamente tolerantes con estas bajas y en algunas ocasiones cooperan activamente con el trabajador. Esta costumbre se ha convertido en una verdadera epidemia, y las autoridades competentes intentan luchar contra ella, aunque con resultados bastante dudosos.

La discusión jurídica sobre la enfermedad de los controladores se presta a resultados chocantes, porque puede haber (por lo menos) tres clases de situaciones diferentes. Los controladores que se fueron al médico y obtuvieron una baja médica oficial, incluso si después es revocada por la inspección, no tenían obligación de trabajar y, por lo tanto, no han cometido ninguna infracción.

Otros controladores, estando de baja, fueron identificados por la policía en la asamblea que celebraban en un hotel cercano al aeropuerto de Barajas. A simple vista, parece que no estaban enfermos y que, si obtuvieron la baja, lo hicieron con engaño y, por lo tanto, pueden ser despedidos.

Pero insisto en lo de a simple vista. Puede resultar que sufran una enfermedad que les impida trabajar pero no asistir a una asamblea (por ejemplo, una ceguera). Cuando se vean los juicios correspondientes pueden producirse muchas sorpresas.

Una tercera situación es la de los que no fueron a pedir la baja. Un portavoz del sindicato explicó a la prensa que puede haber situaciones médicas que impidan trabajar pero no comporten la baja médica. Esa defensa es un error. La baja médica (técnicamente, la incapacidad temporal) no tiene nada que ver con la gravedad del estado de salud, sino, precisamente, con la capacidad para realizar el trabajo. Si el trabajador está temporalmente incapacitado a causa de una enfermedad, ha de obtener la baja. Si no la pide, o no se la dan, se entiende que está en condiciones de trabajar.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Tres reflexiones sobre la crisis en España

 1)  España necesita una devaluación, pero abandonar el euro para devaluar sería una catástrofe para España y para la Unión. Por lo tanto, el único camino posible es una deflación. También serviría una inflación más baja que la alemana, pero, visto que los alemanes no van a dejar que su inflación aumente, la nuestra tendrá que ser cero o menos.

Esta deflación ya se está produciendo en el mercado inmobiliario, y, según parece, todavía no ha acabado. No estoy seguro de cómo, pero se producirá también en otros sectores: la actividad continuará frenándose hasta que los precios sean competitivos en el exterior.

2)  Las exigencias de reducción del déficit público van a favorecer la deflación: menos renta disponible para impulsar el consumo, menos gasto público, menos inversión pública, posiblemente menos expectativas de beneficios para las empresas.

Los problemas de la banca tendrán el mismo efecto. Los grandes bancos españoles preferirán el negocio en el exterior a financiar la actividad económica en España.

3)  Puede que, técnicamente, la crisis acabe pronto. Sin embargo, la recuperación será muy lenta. No tendremos crecimiento ni nuevo empleo hasta que los precios españoles se hayan ajustado.

Los niveles de desempleo seguirán siendo extraordinariamente altos durante años, quizá muchos años.

4)  Y una duda:

España ya ha exportado mano de obra en crisis anteriores. Es posible que lo vuelva a hacer. La obsesión por la propiedad de la vivienda dificulta la emigración de muchos trabajadores, españoles y extranjeros, pero la pérdida de valor de las viviendas y el peso de la deuda hipotecaria puede romper esas ataduras.